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La violencia contra médicos y el resto del personal de los centros sanitarios no se puede permitir ni se puede normalizar. Esta fue la premisa con la que la presidenta del Colegio de Médicos de Barcelona (CoMB), Elvira Bisbe, inauguró la jornada ‘Tolerancia cero’, que el CoMB organizó con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, el pasado 12 de marzo. Fue también la idea que impregnó cada una de las intervenciones posteriores, ante una realidad muy preocupante. Según los últimos datos del Observatorio para Situaciones de Violencia en el Ámbito Sanitario de Cataluña (OSVASC) —que se hicieron públicos por primera vez en el acto del CoMB—, durante el año 2025 se notificaron 3.039 agresiones a personal de los centros sanitarios de Cataluña. El OSVASC recoge notificaciones voluntarias y, por tanto, es evidente que el número real de agresiones es superior a esta cifra, tal como admitió el director general de Profesionales de la Salud del Departamento de Salud, Jordi Vilana. Las agresiones incluyen lesiones físicas, insultos, amenazas, calumnias, coacciones, injurias, etc.
El acto ‘Tolerancia cero’ contó con las intervenciones de representantes del CoMB, los Mossos d’Esquadra, la Fiscalía, el Departamento de Salud y especialistas en medicina del trabajo. La jornada sirvió para poner sobre la mesa algunas de las necesidades más urgentes para combatir la violencia en el ámbito sanitario y garantizar espacios de trabajo seguros y dignos, como disponer de estrategias preventivas y de mecanismos de registro y análisis de casos y riesgos y, sobre todo, la necesidad de acompañamiento a los profesionales y de garantías de seguridad para promover la denuncia de los casos.
Elvira Bisbe recordó que el CoMB puso en marcha, en 2010, la Unidad Integral de Violencia contra el Médico (UIVCM), una unidad pionera que en 2025 atendió 75 casos (900 desde su puesta en funcionamiento). La UIVCM trabaja en coordinación con Fiscalía, Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana de Barcelona, tal como recordó el director del Área de Praxis y Seguridad Clínica del CoMB, Josep Arimany. Además, cuenta con personal especializado para dar apoyo y acompañamiento al médico que ha sufrido una agresión, tanto desde el punto de vista legal con un abogado —empezando por la redacción de la denuncia— como de seguridad o psicológico. “El médico, cuando contacta con la unidad, está muy angustiado. A veces, incluso necesita una primera respuesta en materia de seguridad”, explicó el responsable de la UIVCM, Francesc Soto, quien recordó que “el profesional tiene un año para presentar denuncia” y recomendó prepararla y presentarla por escrito.
Desgraciadamente, la violencia está cada vez más presente en la sociedad y los atentados contra agentes de la autoridad y trabajadores públicos son una muestra más. “Esta crispación es muy difícil de combatir”, afirmó el inspector del Cuerpo de Mossos d’Esquadra y jefe de la Comisaría del Distrito Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, Jordi Silva. “Nuestra apuesta pasa siempre por la denuncia, pero aún se denuncia muy poco. Tener vocación de servicio público no debe confundirse nunca con permisividad ante las agresiones y el mal trato”, añadió.
El inspector recomendó algunas medidas preventivas básicas, como acordar una palabra clave que pueda alertar entre compañeros de una situación de riesgo, disponer de accesos libres y directos a las salidas, evitar la proximidad física o mantener una actitud conciliadora y razonable con los usuarios para informar, de manera convincente, de los motivos por los que, a veces, no se pueden cumplir sus expectativas.
También habló de prevención la médica Cristina Abadia, especialista en Medicina del Trabajo y jefa del Servicio de Salud Laboral y Prevención del Consorcio Sanitario de Terrassa (CST). Abadia insistió en que una prevención eficaz requiere trabajar y actuar desde diferentes ámbitos: desde la formación de los profesionales en habilidades comunicativas o de manejo emocional, hasta acciones de sensibilización y protocolos de actuación. También es necesario apostar por una arquitectura segura y por una coordinación eficaz con los cuerpos de policía y con servicios de seguridad privada.
“Hemos normalizado cosas que no son normales”, volvió a insistir Cristina Abadia, antes de enumerar algunos de los principales factores de riesgo de exposición a una situación de violencia externa. La experta señaló que estos factores pueden empezar en la estructura de la propia organización (rigidez, exceso de burocracia, gestión arbitraria, etc.). También existen factores de riesgo ligados a las condiciones y al clima laboral y a la falta de recursos. En este sentido, Abadia introdujo un concepto muy interesante: habló de “seguridad psicológica”, en referencia a las condiciones que hacen posible que un profesional sienta la confianza para expresar a los responsables de su organización mejoras necesarias que, en este caso, también repercutirían en una mejora de la seguridad.
Las expectativas poco realistas, así como la falta de control ante situaciones como la comunicación de malas noticias, serían otros factores de riesgo directamente relacionados con los usuarios. En cualquier caso, Cristina Abadia recomendó evaluar y establecer cuáles son las “zonas de riesgo” en cada centro, con el fin de aplicar medidas prácticas para emergencias, como la instalación de los llamados “botones del pánico”.
La sesión también contó con la intervención de la fiscal jefe de la Fiscalía de Vilanova i la Geltrú, Gavà y Vilafranca del Penedès, Ana Mireya Gómez Baquero, quien recordó que “cualquier víctima de una agresión puede interponer una denuncia” (ante la policía, el juzgado o la fiscalía). La fiscal explicó cómo valora el juez si los hechos denunciados tienen relevancia penal y cuál es el procedimiento en caso de llegar a juicio, tanto para delitos leves como para los denominados delitos menos graves. La fiscalía ejerce la acusación pública, pero recordó que los profesionales también pueden personarse con su abogado de forma particular.
Gómez Baquero habló de multas y penas, así como de la posibilidad de solicitar medidas cautelares antes del juicio o de alcanzar una sentencia de conformidad sin juicio. Recordó que, aunque cada vez hay más jurisprudencia en este sentido, es muy recomendable que en los convenios laborales se refleje una cláusula que recoja la consideración de “funcionario público a efectos penales” de todos los profesionales de la salud —sin distinción entre personal funcionario y personal laboral—, para que las agresiones de las que son víctimas se consideren atentados a efectos legales.
La fiscal también abordó qué ocurre con aquellas denuncias que acaban archivadas y avanzó que la ley que está preparando el Gobierno de la Generalitat será muy positiva de cara a poder sancionar administrativamente aquellas agresiones que no se consideran delitos.
El director general de Profesionales de la Salud del Departamento de Salud, Jordi Vilana, presentó los datos registrados durante 2025 en el OSVASC a través del sistema de notificación al que acceden profesionales de centros sanitarios públicos y privados y que, según explicó, debería extenderse a la totalidad de centros a lo largo de este año. Del total de 3.039 agresiones, el 80% fueron notificadas por mujeres y el 90% fueron no físicas. El 61% se registraron en atención primaria; el 29%, en hospitales, y el 10%, en otros ámbitos, principalmente en emergencias. El 27% fueron agresiones notificadas por médicos y otro 27% por enfermeras, mientras que el 23,5% fueron notificadas por personal administrativo y el resto por otros profesionales.
En cuanto a los agresores, en tres de cada cuatro episodios se trata de usuarios o pacientes y uno de cada cuatro es reincidente. El 63% son hombres.
Próxima ley con sanciones para los agresores y medidas de prevención
El Gobierno de la Generalitat está ultimando una ley propia de prevención y respuesta a la violencia ejercida contra los profesionales de la salud. La memoria de la norma ha sido recientemente aprobada por el ejecutivo. La ley incluirá un régimen sancionador para las agresiones que quedan fuera de la tipificación de delitos y que, por tanto, quedan sin respuesta.
Según avanzó el director general de Profesionales de la Salud, Jordi Vilana, la ley también hará hincapié en la necesidad de disponer de un sistema integral de prevención y establecerá los aspectos de los que deben dotarse los centros sanitarios.
La reivindicación de este tipo de legislación, que ya existe en otras comunidades autónomas del Estado, ha sido una reclamación constante del CoMB, que ha trabajado y colaborado siempre en esta dirección, aportando información y su larga experiencia en la atención de casos de agresiones.