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Comunicado del CoMB en relación con la resolución de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO)

En relación con la resolución adoptada por el Tribunal de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), con fecha 26 de febrero de 2019, la Junta del Colegio de Médicos de Barcelona (CoMB) quiere manifestar:

• Su indignación ante una resolución sancionadora que considera injusta y que recurrirá ante la justicia ordinaria. El CoMB nunca ha llevado a cabo ninguna acción ni ha puesto en marcha ninguna actividad con la voluntad de restringir la competencia. Al contrario, esta institución tiene una trayectoria de actuaciones y posicionamientos a favor y en defensa de la libre competencia en el sector sanitario.
• Que ni el CoMB ni tampoco sus colegiados han obtenido ningún tipo de beneficio económico ni de ninguna otra índole derivado de la actividad que la ACCO considera que ha sido motivo de infracción de la ley de defensa de la competencia.
• Que el CoMB defenderá y velará siempre por la libre expresión de todos sus colegiados, también a la hora de expresar y compartir con libertad sus opiniones y criterios relacionados con el ejercicio profesional.
• Que los médicos y médicas que prestan sus servicios en el sector del seguro libre trabajan en unas condiciones cada vez más precarias y en un entorno, el de la sanidad privada, donde el principal riesgo de amenaza de la libre competencia es la concentración creciente derivada de la formación de grupos hospitalarios y de la integración entre hospitales y entidades aseguradoras. Así lo reconoce, precisamente, la propia ACCO en un estudio publicado en junio de 2018, en el que también afirma que esta concentración puede comportar “efectos negativos para el eslabón más débil, el de los profesionales sanitarios, lo que puede suponer una afectación negativa para el funcionamiento de estos mercados en términos dinámicos”.
• Que la Junta del CoMB seguirá velando por la mejora de las condiciones del ejercicio profesional y de la calidad asistencial, promoviendo unas relaciones más equitativas entre profesionales, proveedores sanitarios y entidades aseguradoras de salud, siempre en el marco de la libre competencia y de la legislación vigente.